El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne aseguró este viernes que se va a responder antes de tiempo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de salud de la expresidenta de facto, Jeanine Añez, tras que esta organización internacional pidiera al Gobierno boliviano esa información en un plazo de siete días.

“Reitero que en este caso tenemos siete días otorgados por la CIDH, y se va a presentar la respuesta, inclusive antes del plazo señalado, porque es un caso que se ha respetado el debido proceso y se ha cumplido el estándar de máxima seguridad que señala la Comisión para resguardar la vida y la salud de una persona privada de libertad”, dijo.El 31 de agosto la CIDH envió una carta al canciller Rogelio Mayta en la que le solicita información sobre las medidas cautelares presentadas en favor de la exmandataria.

Añez se encuentra recluida en el penal de Miraflores de La Paz desde marzo, acusada de sedición y terrorismo en las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.Lima consideró que el Gobierno está dentro del margen del tiempo para responder la solicitud, ya que cuenta con todos los argumentos, estudios y documentos suficientes para demostrar que el Gobierno boliviano se enmarca en el respeto de los derechos humanos de Añez, pero que debe ser el Procurador General del Estado el que debe emitir esa información, ya que es el representante de ese litigio fuera del país.

Explicó que toda la información que requiere la CIDH procede de un equipo de coordinación entre el Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, la Dirección de Régimen Penitenciario, entre otras instancias, los que harán llegar las copias necesarias para entregarlas a ese organismo internacional.

“El Órgano Judicial en un debido proceso ha atendido todos los reclamos, les ha respondido, hay reclamos en curso y definitivamente el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud han brindado la seguridad y atención en salud en un estándar que incluso ha llevado a que muchos de los privados de libertad reclamen un trato discriminatorio”, aseveró.

A su juicio, los casos que atiende la CIDH son por pena de muerte o en determinadas ocasiones, pero no cuando existe un “debido proceso en curso” en uno de los países de la región.

“Me parece interesante para un debate en medios, pero jurídicamente no existen argumentos para que pueda darse una medida cautelar en este momento (…). Esto no es un tema que no pueda ser definido sino por los jueces bolivianos.”, afirmó.